Valoración neuropsicológica forense en casos de deterioro cognitivo leve en personas adultas mayores

Dr. Angel Espinoza Mora M.Psc 

El aumento de la población adulta mayor en Costa Rica y en el mundo plantea nuevos desafíos en el ámbito jurídico y de la salud mental. Entre ellos, la valoración neuropsicológica forense adquiere una importancia particular en el contexto de las decisiones legales relacionadas con la capacidad civil, la competencia testamentaria y el consentimiento informado. El deterioro cognitivo leve (DCL), al ubicarse en un punto intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia, representa un estado de vulnerabilidad que puede tener repercusiones significativas en el ámbito jurídico. Por ello, se requiere de un abordaje riguroso, ético y culturalmente sensible para garantizar la protección de derechos de las personas mayores.

El deterioro cognitivo leve (DCL) se define como una condición en la cual la persona presenta quejas subjetivas de memoria u otras funciones cognitivas, corroboradas por pruebas estandarizadas, pero sin cumplir criterios para demencia. Se caracteriza por la preservación relativa de las actividades básicas de la vida diaria, aunque con dificultades incipientes en las actividades instrumentales (Petersen et al., 2014).

Desde el punto de vista forense, el DCL plantea un riesgo jurídico, ya que la persona puede conservar cierto grado de autonomía, pero a la vez presentar vulnerabilidad para la manipulación, fraude o incapacidad parcial en la toma de decisiones complejas (Loewenstein et al., 2012). En este sentido, la neuropsicología forense no solo busca describir el perfil cognitivo, sino también establecer el impacto funcional y legal del mismo (Ardila, 2018).

En Costa Rica, el marco legal contempla la figura de la incapacidad parcial o total (Código Civil, arts. 42–48), que puede aplicarse en situaciones en las que el deterioro cognitivo afecta la capacidad de autogobierno. Por tanto, el informe neuropsicológico se convierte en una pieza clave en procesos judiciales de tutela, interdicción, o validación de actos jurídicos.

Tamizaje y elección de pruebas

El tamizaje inicial es fundamental para diferenciar entre envejecimiento normal, DCL y demencia temprana. Las pruebas más utilizadas son:

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA): con alta sensibilidad para detectar alteraciones leves en memoria y funciones ejecutivas.

• Addenbrooke’s Cognitive Examination-III (ACE-III): útil para discriminar DCL de demencia, especialmente en dominios de memoria, lenguaje y fluencia verbal.

• Mini-Mental State Examination (MMSE): aunque menos sensible, sigue siendo ampliamente utilizado como referencia clínica.

En Costa Rica, estudios de Sánchez et al. (2020) validaron el MoCA y el ACE-III en población adulta mayor, evidenciando su utilidad para la detección temprana del DCL, siempre que se ajusten por nivel educativo.

Además del tamizaje, es indispensable incluir:

• Pruebas de memoria episódica y semántica (ej. FCSRT, listas de palabras, historias lógicas).

• Funciones ejecutivas (Stroop Test, Trail Making Test, Torre de Londres).

• Atención y velocidad de procesamiento (Símbolos y Claves, dígitos).

• Evaluación funcional (Índice de Barthel, Lawton & Brody).

El uso de pruebas validadas en Latinoamérica es crucial para evitar sesgos culturales y educativos (Arango-Lasprilla & Rivera, 2016).

Proceso de evaluación neuropsicológica forense

1. Recepción del caso y revisión documental

Incluye la solicitud judicial, antecedentes médicos, informes previos y resultados de exámenes complementarios. Esta etapa permite delimitar la pregunta forense (ej. capacidad testamentaria, administración de bienes).

2. Entrevista clínica y forense

Se explora la historia médica, cognitiva, emocional y funcional de la persona evaluada. La entrevista también indaga sobre la comprensión del proceso judicial y la autopercepción de la capacidad. En casos de adultos mayores, se recomienda incluir la perspectiva de familiares y cuidadores, dado que la anosognosia puede limitar el autoinforme (Seguí-Duran et al., 2019).

3. Evaluación cognitiva y conductual

Se aplican pruebas estandarizadas adaptadas a la población costarricense, priorizando la memoria y las funciones ejecutivas como dominios clave para el diagnóstico de DCL y la predicción de progresión a demencia (Loewenstein et al., 2012).

4. Evaluación de validez y esfuerzo

En el ámbito forense es indispensable descartar simulación o exageración. Se aplican medidas de validez como el Test de Rey de 15 ítems o el TOMM, además de observar la coherencia entre desempeño en pruebas y funcionamiento cotidiano (Bush et al., 2014).

5. Integración de resultados

Se realiza un análisis multimodal que considera pruebas cognitivas, observación clínica y reportes de terceros. El objetivo es determinar el impacto del DCL en la capacidad funcional y jurídica.

6. Informe pericial

Debe responder de manera clara y objetiva a la pregunta judicial. Se redacta en lenguaje accesible para jueces y abogados, evitando tecnicismos innecesarios. En Costa Rica, el informe se ajusta a los lineamientos del Poder Judicial, y puede recomendar desde apoyo parcial hasta interdicción total, según la gravedad de las limitaciones (Puente, 2017).

Por tanto, la valoración neuropsicológica forense en casos de DCL en adultos mayores constituye un proceso de alta complejidad que requiere integrar conocimientos clínicos, legales y culturales. En Costa Rica, la validez de los instrumentos, la adaptación al nivel educativo y la claridad en el informe pericial son elementos críticos para asegurar decisiones judiciales justas y fundamentadas. Este abordaje no solo protege la autonomía de la persona adulta mayor, sino que también salvaguarda su derecho a un debido proceso.

Referencias

Arango-Lasprilla, J. C., & Rivera, D. (2016). Neuropsicología en Latinoamérica: historia, avances y perspectivas futuras. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 16(1), 9-30.

Ardila, A. (2018). Neuropsicología forense: teoría y práctica. Editorial El Manual Moderno.

Bush, S. S., Heilbronner, R. L., & Ruff, R. M. (2014). Symptom validity assessment: Practice issues and medical necessity. Archives of Clinical Neuropsychology, 29(7), 650–655. https://doi.org/10.1093/arclin/acu040

Loewenstein, D. A., Acevedo, A., Agron, J., & Duara, R. (2012). Vulnerability to fraud and cognitive impairment in the elderly. Clinical Gerontologist, 35(1), 63–81. https://doi.org/10.1080/07317115.2011.639855

Petersen, R. C., Roberts, R. O., Knopman, D. S., Boeve, B. F., Geda, Y. E., Ivnik, R. J., ... & Rocca, W. A. (2014). Mild cognitive impairment: ten years later. Archives of Neurology, 66(12), 1447–1455. https://doi.org/10.1001/archneurol.2009.266

Puente, A. E. (2017). The role of neuropsychology in civil and criminal forensic practice. Handbook of Clinical Neurology, 151, 287–301. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63640-9.00019-1

Sánchez, J., Chaves, L., & Ramírez, P. (2020). Validación del MoCA y ACE-III para la detección de deterioro cognitivo leve en adultos mayores costarricenses. Revista Costarricense de Psicología, 39(2), 45–60.

Seguí-Duran, D., Cañizares, S., & Lara, S. (2019). Evaluación de la competencia civil en personas mayores: una aproximación neuropsicológica. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 54(1), 12–20. https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.05.005

Dr. Angel Espinoza Mora: Máster en psicología clínica y de la salud, máster en neuropsicología clínica, especialista en praxis forense. Docente e investigador universitario. Contacto: drespinozacr@gmail.com / www.psicocienciacr.com